Hazel Zamora Mendieta
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW, por sus siglas inglés) reportó que la detención de menores de edad migrantes incrementó un 900 por ciento de 2011 a 2016 en el país.
En conferencia de prensa, para presentar las 30 recomendaciones al Estado mexicano en respuesta al tercer informe que éste rindió en mayo de 2017, el CMW manifestó su preocupación particularmente en la detención de mujeres, niñez y adolescencia migrante, y la urgencia de reintegrar a la población mexicana retornada de Estados Unidos.
El vicepresidente del CMW, Pablo Ceriani Cernadas criticó que el gobierno mexicano minimice la situación ya que en su informe alegó que se trata de “aseguramientos” y no los reconoce como privaciones de la libertad que constituyen una violación al interés superior de la niñez, se precisa en las recomendaciones.
Si bien, señaló Ceriani Cernadas, el CWM vio como positivo la aprobación en 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes (LGDNNA), esto no ha garantizado los derechos de esta población. Según información recabada por las organizaciones civiles en su “informe sombra” -que también entregaron al Comité- se llevaron a cabo 131 mil 22 detenciones de adolescentes y niñez de 2010 a julio de 2017.
Al CMW también le preocupa la presencia de mujeres embarazadas, familias y víctimas de trata en las estaciones migratorias, por lo que su vicepresidente ratificó la urgencia al gobierno mexicano de monitorear las 54 estaciones que hay en el territorio y asegurar que tengan las condiciones necesarias para atenderlas.
Además, también pidió al Estado “generar un modelo de política migratoria que pueda atender la complejidad de las migraciones a través de la visión de género, Derechos Humanos y acceso a la justicia”, especificó.
Advierten prepararse ante retornos
En el informe también estuvieron representantes de organizaciones civiles como la directora adjunta de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Alejandra Nuño, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim) Fabianne Venet y la directora del Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kunher, quienes realizaron un balance de las recomendaciones que dio el Comité de Naciones Unidas al Estado mexicano el pasado 13 de septiembre, en el que destaca la reiteración –que ha hecho por 11 años desde que se unió al Comité- de terminar con la detención de personas migrantes.
Destacaron que a diferencia de anteriores recomendaciones por primera vez el CMW pidió al Estado asegurar la reintegración social de personas migrantes retornadas de Estados Unidos al país.
La directora de Inedim, Fabianne Venet, afirmó que esta indicación se da en un contexto de deportaciones masivas de personas mexicanas migrantes de EU, situación que se agravó en la administración de Barack Obama y continúa con el reciente electo presidente, Donald Trump.
El Comité recomendó que el Estado mexicano elimine las barreras burocráticas que impiden el acceso a la inscripción de la nacionalidad mexicana a hijas e hijos nacidos en EU con padres y madres mexicanas que son retornados; así como garantizarles “el acceso a la educación y otros servicios sociales –como la salud- sin prejuicio de su documentación o nacionalidad”, precisa el numeral 52 de las recomendaciones.
También pidió al gobierno preparar a las madres y familias en el registro oportuno de la doble nacionalidad para sus hijos e hijas en los Consulados Mexicanos instalados en EU, y que brinde asistencia e información a las familias indocumentadas para registrar el nacimiento de sus hijas e hijas ante las autoridades estadounidenses.
Derechos laborales y Justicia
Otros temas que se discutieron fueron el acceso a la justicia y los derechos laborales de las personas migrantes. Fabianne Venet hizo hincapié en las investigaciones a delitos cometidos en contra de la población migrante que atraviesa el país.
Especificó que según cifras oficiales de 2014 a 2016, se cometieron un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes, como secuestros, extorsiones, robos y agresiones (especialmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila) y únicamente se tienen 49 sentencias, lo que representa un nivel de impunidad del 99 por ciento.
Asimismo, en materia laboral, la especialista en migración de mujeres, Gretchen Kunher, refirió que en las recomendaciones se hace un llamado a la ratificación del Convenio 189 de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), relativo a los derechos de las trabajadoras del hogar. Así como la garantía de que laboren en espacios seguros, con contrato y servicios de salud.
Llaman al Estado a cumplir
México ratificó su compromiso con la CMW de Naciones Unidas en marzo 1999, por lo que tiene la obligación de presentar cada seis años un reporte sobre los avances en la garantía de los Derechos Humanos de la población migrante. Esta es la tercera ocasión que rinde un informe, las anteriores se dieron en 2006 y 2010.
Sin embargo, el vicepresidente del Comité dijo que los diálogos con el gobierno mexicano para el cumplimiento de las recomendaciones han sido “incipientes” por lo que esperan que esta ocasión se dé un verdadero avance.
Para garantizar que se cumplan las recomendaciones el CMW propuso al Estado crear un espacio de monitoreo y seguimiento en las implementaciones de las acciones dictadas, que debe estar coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, además de contar con la partición activa de organizaciones civiles y agencias de Naciones Unidas.
Con ello el Estado mexicano tiene como fecha límite el primero de octubre de 2022 para rendir cuentas al CMW sobre el cumplimento de las 30 recomendaciones que buscan garantizar los derechos de las personas migrantes.
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