Por Javier Pineda

Este miércoles 24 de enero, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) condenó a Luis Inácio Lula da Silva a 12 años y un mes de prisión por supuesto delito de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso llamado “Tríplex”.

Este es un paso más para dejar a Lula sin posibilidad de ser candidato en las elecciones presidenciales que se realizarán este fin de año, lo cual le permite a la oligarquía brasileña mantener el Gobierno, usurpado ilegalmente a Dilma Roussef a través del golpe blanco que dieron el año pasado. Asimismo, este hecho le permite a la derecha consolidarse en el Cono Sur y en toda Nuestra América.

Sin embargo, aún todas las cartas no han sido jugadas y quedan acciones pendientes.

El juicio contra Lula
El 12 de julio el Juez Sergio Moro, conocido por llevar el caso de corrupción que impactó a la clase dominante brasileña denominado “Operación Lava Jato”, condenó a Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión por supuesto delito de corrupción pasiva y lavado de dinero.

¿La acusación? El dueño de la constructora OAS, Leo Pinheiro, para acogerse a la delación compensada luego de haber sido condenado a 15 años de prisión, habría dicho que Lula recibía coimas a cambio de obtener contratos favorables entre Petrobras y OAS. El pago se habría realizado a través del regalo de un edificio conocido como el “triplex de Guarujá”, que costaría 3,7 millones de Reales, y cuyo dueño sigue siendo la empresa OAS.

Lo acusan de ocultar la identidad sobre la propiedad del inmueble “triplex de Guarujá”, pero lo cierto es que no hay prueba alguna de que Lula sea dueño de él. La única prueba que tenía era un testimonio de Leo Pinheiro, dueño de OAS, quien fue condenado y no tenía obligación de decir la verdad, buscando sólo rebajar su pena.

El TRF-4, equivalente a una Corte de Apelaciones en Chile, fue más allá. A pesar de no tener pruebas, con voto unánime, condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión. Sin embargo, declararon que Lula no iría preso de inmediato y esperarían el resultado de los recursos que aún puede presentar.

La condena en contra de Lula sólo se basa en indicios, cuestión inaceptable en materia penal, cuyo estándar para condenar a una persona tiene que ser más allá de toda duda razonable, debiendo existir pruebas materiales que acrediten la comisión de un delito. No podemos poner las manos al fuego por Lula, sin embargo, en el presente caso, no existen las pruebas para declararlo culpable.

Esto significa que la acusación jurídica se sostiene sólo por una persecución política en contra de Lula, que tiene por trasfondo dejarlo fuera de la carrera presidencial. Al igual que en Dictadura, la oligarquía brasileña utiliza al Poder Judicial para deshacerse de enemigos.

¿Qué queda pendiente?

Lula da Silva aún cuenta con recursos jurídicos que le permitirían ser candidato presidencial. La primera posibilidad es presentar recurso especial al Supremo Tribunal de Justicia, el cual podría dejar sin efectos la decisión del TRF-4 si se acredita que dicha decisión vulneró el derecho de defensa de Lula.

En segundo lugar, puede presentar un recurso extraordinario al Supremo Tribunal Federal, el cual también podría dejar sin efectos la sentencia del TFR-4 si se comprueba que la decisión violó disposiciones constitucionales.

En tercer lugar, puede presentar un habeas corpus (en Chile llamado recurso de amparo), el cual en caso de ser aceptado impediría la ejecución de la pena. Se presenta ante el Supremo Tribunal de Justicia, pudiendo apelarse ante el Supremo Tribunal Federal.

Pero las opciones no se agotan en el campo jurídico. También puede intentar ganar tiempo. La Lei da Ficha-Limpa (que sería equivalente a una “Ley de Manos Limpias”), establece que una persona condenada por un tribunal colegiado no puede ser elegido. Sin embargo, mientras la sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada, es decir, mientras no quede ningún recurso pendiente, Lula podría ser candidato y ser elegido.

Esto significará que la oligarquía brasileña tendrá que presionar a los Tribunales Superiores para que fallen todos los recursos cuanto antes, de lo contrario podrá ser candidato y si resultare elegido y asumida la Presidencia, no tendría que cumplir la condena (aunque siempre se le puede buscar la quinta pata al gato).

El plazo para inscribir candidaturas es el 15 de agosto. El Partido de los Trabajadores, aun inscribiendo a Lula y este siendo condenado antes de las elecciones, puede cambiar de candidato hasta 20 días antes de la elección. Esto significa que tienen plazo hasta el 17 de septiembre, pues las elecciones serán en la primera semana de octubre.

Los posibles fallos de los Tribunales Superiores de Justicia son más o menos claros. Si condenaron a Dilma sin tener pruebas, no tendrán problemas en hacer lo mismo con Lula, más aun, cuando este resulta una amenaza al ser el probable vencedor de las elecciones presidenciales.

La única sentencia favorable que Lula puede esperar es que el pueblo brasileño se vuelque a las calles e impida la decisión de estos Tribunales. De todas formas, el pueblo brasileño se preguntará si vale la pena defenderlo. En sus mandatos Lula realizó algunas mejoras sociales, pero en lo grueso gobernó para los grandes empresarios del país, que hoy le dan la espalda.

El destino de Lula está en las manos del pueblo brasileño.