“Justos pagan por pecadores”, reza el dicho. Afirmación que casa como anillo al dedo con la realidad que hoy por hoy enfrentan los niños y jóvenes beneficiados por proyectos socio culturales, administrados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Asociación ProArte de El Salvador, Fundación Ballet de El Salvador y Ópera de El Salvador (Opes).
Estas tres entidades sin fines de lucro fueron directamente afectadas por el dictamen emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a finales de julio de 2017, que restringió a los órganos Legislativo y Ejecutivo transferir fondos estatales a fundaciones y organizaciones privadas.
“Se prohíbe realizar desembolsos y transferencia de recursos públicos a asociaciones y fundaciones de distinta naturaleza y finalidades, que tengan vínculo material con partidos políticos y grupos afines, y con funcionarios públicos o sus parientes; con excepción de las transferencias a entes privados no financieros y organizaciones sin fines de lucro, cuyas actividades estén relacionadas directamente con los fines del Estado”, detalla el artículo 10 del proyecto de ley del Presupuesto para 2018.
Esta medida creada para ordenar las finanzas públicas golpeó significativamente a proyectos artístico culturales que tienen entre sus objetivos, contribuir en la lucha contra la violencia social que se ha ensañado con la juventud salvadoreña.
Pese a que el dictamen incluye una “excepción” que beneficia a ONG como las antes citadas, garantizando la oportunidad de seguir recibiendo fondos estatales, al día de hoy, los efectos negativos siguen incidiendo en sus proyecciones artístico formativas 2018.
“Aún no hemos recibido los fondos correspondientes al 2017”, informó Luchy Fuentes, administradora ejecutiva de la Asociación ProArte de El Salvador, a cargo del programa de becas musicales de la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJ), proyecto de nación que surgió en el año 1995.
Igual situación enfrenta la Fundación Ballet de El Salvador y la Opes.
Los jóvenes y niños adscritos a estos proyectos esperan respuestas desde mediados del año pasado, cuando surgió el dictamen; e iniciaron el 2018, ignorando si su formación artística continuará.
Para explicarles la situación en la que se encuentran dichos programas, Guillermo Baires, jefe del Departamento de Transferencia de Recursos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, informó que a la fecha, dicha dependencia del Ejecutivo ha cumplido con las exigencias impuestas por la Sala para constatar cuáles de las ONG inscritas a Secultura continuarán recibiendo los fondos estatales.
Tras la emisión del dictamen, y la ejecución de una serie de medidas que garantizaran el cumplimiento de lo establecido por la Sala, un total de 11 proyectos cumplieron con el perfil exigido. “ProArte, la Fundación Ballet y la Opes están en ese grupo”, indicó el portavoz.
Sin embargo, la entrega de los fondos 2017 dependen “de la liquidez que haya en la caja de Hacienda y de solventar prioridades del gobierno. Hemos sido honestos, que una fecha puntual no se les puede dar, de cuando recibirán las transferencias, porque no depende de nosotros directamente”, aclaró Baires.
Se consultó al Ministerio de Hacienda la probabilidad de que tales transferencias se hagan efectivas, pero aún no se tiene respuesta de dicha cartera de estado.
¿Y para 2018?
Si bien los fondos de 2017 se harán efectivos en algún momento, la incertidumbre de los jóvenes de estos proyectos no termina allí.
La interrogante ahora es si estos programas de formación artística continuarán siendo beneficiados con los fondos estatales, en el presente año.
Baires indicó que para el proyecto presupuestario 2018 correspondiente a Secultura, solo hubo tiempo de incluir a las dos academias, en el Programa de Transferencia de Recursos. La titular de Secultura, Silvia Elena Regalado, se arriesgó a incluir a la Academia Salvadoreña de la Lengua y la Academia Salvadoreña de la Historia por cuestiones legales y de tratados internacionales que deben acatarse. “En el caso de la Lengua, existe un tratado multilateral que fue ratificado por el país…”, recalcó el funcionario.
Ahora bien, para 2018, también se han tomado en cuenta otras tres ONG: ProArte, Opes y el proyecto de restauración del templo religioso San Francisco, en San Miguel, que es patrimonio cultural. “En el caso de ProArte (que administra la Sinfónica Juvenil desde hace 22 años), es un proyecto de nación que surgió de los Acuerdos de Paz… solicitado por organismos internacionales y las diferentes partes firmantes, para hacer un proyecto a través de la cultura, del que se apropiaran los jóvenes”, para alejarlos de la violencia, resaltó Baires.
Sin embargo, el portavoz aclaró que estos tres programas fueron incluidos por dictamen que llegó de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, como reforzamiento presupuestario. “…las decisiones que toma la Asamblea, nosotros las desconocemos, pero estoy seguro que han considerado lo establecido por la Sala”, añadió el portavoz.
La Fundación Ballet de El Salvador no logró acceder a la posibilidad de recibir fondos en 2018, situación que obligará a reesructurar el planeamiento anual, reducir presentaciones, número de bailarines y maestros, entrega de becas y programas de formación y educación en danza.
Spanish