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ESQUEL, Argentina — El martes 17 de octubre, 79 días después de la última vez que Santiago Maldonado fue visto con vida, bomberos, prefectos y perros llegaron al predio que ocupa la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, un departamento al pie de los Andes en la Patagonia argentina, para hacer el cuarto rastrillaje en busca del joven desaparecido.
Faltaban cuatro días para las elecciones legislativas en Argentina y el deshielo fluía fuerte sobre el río Chubut. El prefecto Leandro Ruata, quien había coordinado las búsquedas anteriores, le había sugerido al juez de la causa —caratulada como “Desaparición forzada”— hacer un rastrillaje más “debido a las características que presenta el curso de agua”.
Antes de las 13:30 horas, en un codo del río, a unos cincuenta metros de donde habría sido visto por última vez, un buzo se topó con un cuerpo que no se avistaba desde la orilla: estaba en posición fetal atascado entre las ramas. Cuando lo revisaron tenía una cachiporra en un bolsillo y el documento de identidad de Santiago Maldonado en el otro. Sergio Maldonado —hermano de Santiago— y su mujer, Andrea Antico, permanecieron en el lugar mientras duró el trabajo de los peritos. Velaron el cuerpo desde la orilla durante siete horas: “No confiamos en nadie”, diría más tarde Antico en la conferencia de prensa.
En la autopsia, que se hizo dos días después en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, Sergio Maldonado reconoció el cuerpo: identificó a Santiago por los tatuajes. El juez federal a cargo de la causa, Guillermo Lleral, aseguró más tarde que el cadáver no mostraba lesiones. El cuerpo se encontraba relativamente bien conservado pese a los más de dos meses desaparecido.
La noticia respondía a la pregunta que movilizó dos veces a miles de argentinos hacia la Plaza de Mayo: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Sin embargo, las circunstancias de la aparición del cuerpo abrieron nuevas interrogantes. La hipótesis de que se ahogó, en vez de librar de responsabilidad a las fuerzas de seguridad, potenciaba la incertidumbre: ¿por qué se lanzaría a un río correntoso una persona que le temía al agua y no sabía nadar?
‘Queremos tierras productivas’
Santiago Maldonado era muy alto y muy flaco, tenía 28 años, la barba a la deriva y el pelo crespo del que salían cuatro rastas. Era muralista y tatuador. Desde abril dormía en una biblioteca comunitaria de El Bolsón, un pueblo patagónico emblema de los artesanos y los neorrurales: los que dejan la ciudad para instalarse en el campo. Había nacido en la ciudad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, y hacía meses peregrinaba de un lado a otro de la cordillera.
“Estaba ahorrando para viajar a España”, dijo Marcos Ampuero, un tatuador chileno que trabajó con él, en una entrevista radial. Ampuero recordó que Maldonado “defendía causas que le parecían justas: en Chile, por ejemplo, hubo una protesta de pesqueros y él se sumó”.
En El Bolsón se hizo amigo de algunos mapuches y les prometió ir a apoyarlos en el reclamo por la liberación de su lonko —cacique—, Facundo Jones Huala, quien está en prisión preventiva desde el 27 de junio, el mismo día en que los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet se reunieron en Santiago de Chile. Huala, de 31 años, no tenía ninguna causa en su contra en Argentina, sino un pedido de extradición de Chile tras el incendio de una finca en enero de 2013. El pedido, sin embargo, fue declarado nulo por la Corte Suprema Argentina, tras comprobarse que un testigo declaró bajo tortura en contra de Huala.
La comunidad Pu Lof nació en marzo de 2015 cuando, de la mano de la familia Jones Huala, un grupo de activistas mapuches ocupó parte de un predio comprado por la familia Benetton. Allí habitan unas cien personas, casi todas menores de 40 años. Algunos viven de lo que producen, otros salen a trabajar y estudiar en las ciudades cercanas, donde se criaron.
La Argentina es mestiza de nacimiento: la mitad de la población tiene ancestros indígenas de diferentes etnias. Unos 200.000 argentinos se reconocen mapuches y algunos ocupan lotes pequeños de la Patagonia norte. Quedaron en medio de estancias gigantes tras el reparto de tierras que hizo el Estado cuando colonizó la región en el siglo XIX. La mayoría de los mapuches emigró hacia las ciudades. Desde 1994, la Constitución reconoce el derecho de tierras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” a los pueblos indígenas, pero hay más de 200 comunidades nativas que mantienen conflictos territoriales con el Estado.
La Pu Lof no quiere ser una más de esas comunidades. Matías Santana, con 20 años uno de los referentes más jóvenes de ese grupo mapuche, que participó del reclamo donde estuvo Santiago Maldonado y es un testigo clave en la causa por su desaparición, lo explica así: “Nos cansamos de ser ‘indios buenos’, el capitalismo se reservó siempre las mejores tierras y a los mapuches no nos dieron nada, nos dieron tierras improductivas o nos usaron como mano de obra barata. Queremos que Benetton se vaya, queremos tierras productivas y vivir en armonía con el territorio”.
Un par de kilómetros antes de la tranquera de la Pu Lof está el casco de estancia de los dueños: la Compañía de Tierras del Sud Argentino, de la familia italiana Benetton. Algunos de sus trabajadores tienen origen mapuche. Hasta ahí llega el buen estado del pavimento de la ruta 40 en dirección a Esquel. Según una investigación del historiador Ramón Minieri plasmada en el libro Ese Ajeno Sur, la compañía adquirió en 1991, por 50 millones de dólares, unas 900.000 hectáreas (45 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires), en donde crían más de 280.000 ovejas que producen 1,3 millones de kilos de lana por año. Sus proyectos incluyen minas de oro y plata y leguas de pinos forestados con subsidios estatales
En un contexto económico en el que el gobierno de Mauricio Macri busca una “lluvia de inversiones”, la compañía condiciona la llegada de capitales a una solución al conflicto con los mapuches. En enero pasado, un operativo represivo de la Policía de Chubut en la comunidad Pu Lof terminó con un mapuche en terapia intensiva y otro con la mandíbula fracturada. Cuando fueron consultados por el diario El País respecto del conflicto con los mapuches, fuentes de la compañía parecieron avalar el accionar del gobierno: “Estamos en una situación de violencia reiterada, sin límite, no hay forma de frenarlos y se sienten orgullosos de la violencia”, dijeron.
El 31 de julio, tal como había prometido, Santiago Maldonado fue a cortar la ruta 40 con la Pu Lof durante todo el día y se quedó a dormir en el puesto de guardia de la comunidad: un rancho improvisado cerca de la ruta, de unos ocho metros cuadrados, construido con troncos de pino. Durante todo ese día hubo tensión entre gendarmes enviados a despejar la ruta y mapuches hasta que, a las tres y media de la madrugada, los manifestantes levantaron el corte “porque no pasaba ningún auto”, según explicaron.
Esa noche, durante la cena, Maldonado pidió que le sacaran el pollo a su plato de guiso porque era vegano, comió y se acostó sobre una manta en la parte cerrada del puesto. Estaba preparado para afrontar el frío seco de la noche austral: llevaba un pantalón para la nieve, otro de polar abajo, un pañuelo estampado con calaveras, un pullover de lana y otro de fibra: la vestimenta que 81 días después pesaría treinta kilos, todavía húmeda, en la balanza de la morgue.
El día cero
El 1 de agosto por la mañana el sol asomaba a ratos y el viento era constante. Los manifestantes volvieron a cortar la ruta desde el mediodía. Los siete mapuches a los que Santiago acompañaba acusan a los tres escuadrones de gendarmes de avanzar sobre el predio ocupado por la comunidad bajo el grito de “¡Fuego!”.
La Gendarmería tenía la orden de un juez federal que limitaba el accionar de las fuerzas a mantener despejada la ruta, pero no los autorizaba para allanar el predio. Los gendarmes se ampararon en una figura legal promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la “flagrancia”, que los habilita a proceder sin orden judicial si consideran que están presenciando un delito.
Los mapuches aseguran que los gendarmes los persiguieron usando balas de plomo; la ministra Bullrich declaró ante el senado que usaron balas “antitumulto”. Su secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, afirmó que “se hizo una persecución de quienes se resistían a la autoridad, encapuchados y con piedras”. Un día después del operativo de Gendarmería, el jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Noceti, dijo en una entrevista radial que estuvo en la zona coordinando “las fuerzas federales y provinciales para detener y judicializar a los integrantes de la RAM”.
Para el Ministerio de Seguridad, los miembros de la Pu Lof pertenecen a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que se le adjudican robos de ganado, incendios y amenazas a terratenientes. Elvira Gauna, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel, lo desmiente: “La RAM es una entelequia”, dijo.
Con la Gendarmería encima, contó Matías Santana, los varones de la Pu Lof salieron corriendo, cada uno en una dirección diferente. Con una mano abrían paso por el monte, con la otra sostenían las lanzaderas de piedras tejidas a mano por sus mujeres. Maldonado iba hacia un lugar desconocido: nunca había ido más allá del puesto de guardia.
El joven artesano corrió demorado hacia el río, dijo Santana. Había muchas ramas de sauce dentro del agua y él no sabía nadar; le tenía fobia al agua. Un miembro de la comunidad —que declaró como testigo reservado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió mantener el anonimato— contó que Maldonado intentó sumergirse pero se detuvo y le dijo: “Siga, yo no puedo más, me vuelvo”. Fue la última persona que lo habría visto con vida.
Matías Santana testificó en la causa que, desde el otro lado del cauce, pudo observar con binoculares cómo “tres gendarmes forcejearon con Santiago, lo arrastraron hacia una camioneta y luego lo trasladaron a otra que partió hacia el sur”.
Los forenses que intervinieron en la autopsia evitan hacer declaraciones. Prefieren esperar los resultados de las pruebas de laboratorio, que podrían demorarse una o dos semanas. Intentan determinar si hubo un “ahogamiento por sumersión” y cuánto tiempo estuvo Santiago en el río. Además estudiarán por qué tenía una cachiporra en el bolsillo.
Aunque algunos especialistas sugieren que el cuerpo no llevaba más de una semana muerto, otros sostienen que una temperatura de entre -2 y 4 grados Celsius, como la que tiene el río Chubut en estos meses, alcanza para ayudar a conservarlo, y que la crecida provocada por el deshielo podría haberlo sacado del fondo en el que habría estado atascado.
Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Pu Lof, está segura de que el cuerpo de Santiago Maldonado fue “plantado”: “Si hubiera estado desde un principio en el río los animales carroñeros lo habrían detectado, como pasa con las ovejas perdidas”, dijo. El secretario de Seguridad Interior Milman concluye: “Nunca descartamos ninguna hipótesis, solo no hemos convalidado posiciones que tenían un solo objetivo (político) sin pruebas”.
El tiempo y la justicia determinarán si la Gendarmería nacional tuvo algo que ver con la muerte y la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, cuya desaparición ocurrió en el marco de un operativo de esa fuerza.
Las divisiones dentro de la sociedad argentina quedaron expuestas durante el desarrollo del caso, que se saturó de lecturas políticas y acusaciones cruzadas en el contexto electoral. Pero hay alguien que nunca lo vivió como un “caso”, y su necesidad de respuestas se mantiene intacta: el peritaje de una línea telefónica de Santiago Maldonado registró 107 llamados poco antes y después de su desaparición, 105 de los cuales eran de Stella, su mamá.
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