Charo Mina-Rojas ha trabajado por varios años para educar a las comunidades afrodescendientes de Colombia sobre la Ley 70 de 1993, que reconoce sus derechos culturales, territoriales y políticos. Siguiendo el histórico acuerdo de paz que puso fin al conflicto de más de 50 años entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Mina-Rojas aboga por la justicia e igualdad para las mujeres afrodescendientes del país.
Crecí en una comunidad afrodescendiente en Cali, Colombia, rodeada de mujeres fuertes y capaces. Sin embargo, los hombres dictaban sobre sus vidas lo que estaba bien o mal.
Las mujeres afrodescendientes como yo enfrentamos una doble discriminación, por nuestra raza y género, y una discriminación adicional, por la pobreza. En la escuela, recibía miradas de desprecio de algunas personas, mientras que otras eran sobreprotectoras, como si no pudiera lograr nada por mí misma. Más tarde, en mi vida, la discriminación continuó, y cuando trabajaba en el Ministerio, quienes eran asistentes rara vez me apoyaban.
Además de estas formas sutiles de discriminación, muchas de las aproximadamente 5 millones de personas afrodescendientes en Colombia viven en áreas afectadas por la violencia. Las mujeres son vistas como objetos sexuales; la violencia doméstica y sexual va en aumento. El espacio que han dejado vacante los grupos rebeldes desde el acuerdo de paz está siendo ocupado por otros grupos armados, forzando a las personas a dejar sus hogares. La violencia sexual, secuestros y tortura están siendo utilizados como armas políticas, y están afectando a niñas y mujeres, a veces incluso a bebés. La violencia crea un estigma terrible para las mujeres.
También sufrimos de violencia económica, ambiental y cultural. Por ejemplo, las políticas económicas neoliberales que no corresponden con nuestras tradiciones están siendo impuestas en nuestras comunidades, y esto no fue discutido en lo absoluto durante las negociaciones de paz.
Las mujeres afrodescendientes no estuvimos en la mesa de las negociaciones desde el principio, pero al final logramos incluir un capítulo específico sobre perspectiva étnica.
¿Pienso que el acuerdo de paz será implementado? Yo creo que sí. Pero necesita ser implementado de una manera en la que reconozca la diversidad de la gente colombiana y de las mujeres, y que respete sus derechos. Esto significa proveerles de acceso a la tierra y a la propiedad que puedan usar de acuerdo a sus propias prácticas culturales y tradiciones, y consultando a las comunidades locales antes de que los proyectos de infraestructura sean desarrollados.”