Guatemala es un país con población mayormente joven. Se estima que en 2015, 68% de la población era menor de treinta años de edad y el 33% en el rango de 13 y 29 años. Siendo uno de los países más violentos del mundo y la población mayormente vulnerada ante esta situación, es la juventud.

La insuficiente inversión en adolescentes y jóvenes repercute directamente en la escasa o nula calidad de atención en salud sexual y reproductiva la cual se puede evidenciar en los índices de embarazos en adolescentes (El MSPAS registró 90,899 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años durante 2017), el uso de métodos anticonceptivos modernos (el país reporta que solamente 44% de mujeres sexualmente activas los utilizan -UN Women, 2017-), la tasa total de nacimientos en dicho grupo, así como en las cifras de impunidad en situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y jóvenes.

Los embarazos en adolescentes no pueden ser entendidos como un fenómeno privado o fuera de las estructuras de la sociedad y del Estado, y si bien se reconocen los avances en materia legal y de convenios internacionales para la prevención de estos embarazos, la problemática se mantiene y aumenta de manera constante dañando su salud y su proyecto de vida.

El compromiso de nuestro país con la garantía de los derechos humanos a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-, entre otros; representa una oportunidad para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes de Guatemala, donde se hace imperativo el compromiso de asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Lamentablemente la falta de voluntad política para la implementación de la educación integral en sexualidad se ha obstaculizado y provocada que las y los jóvenes carezcan de información oportuna y basada en evidencia para tomar decisiones seguras e informadas; agravando su situación de vulnerabilidad y reduciendo su calidad de vida.

En Guatemala existen políticas públicas y leyes que buscan fortalecer la exigibilidad de derechos fundamentales para las y los jóvenes como lo es: la Ley de Planificación Familiar, La Ley de Desarrollo Social, la Ley de Maternidad Saludable, así como la Política Nacional de Juventud y el Plan Nacional de Prevención de Embarazos –PLANEA-. Las cuales obligan al Estado de Guatemala a cumplir e implementar acciones dirigidas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, sin embargo la implementación de las mismas es baja y la rendición de cuentas de la misma es deficiente.

Desde la Plataforma Nacional de Juventudes, exigimos:

- La reactivación del Gabinete Específico de Juventud, por parte de la vicepresidencia de la república

- Presupuesto oportuno dirigido especialmente a las áreas de Salud y Educación, para garantizarla cobertura nacional de la Educación Integral en Sexualidad y servicios de Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes

-Ejecución integral de la Política Nacional de Juventud y el Plan Nacional de Prevención de Embarazos PLANEA- así como la rendición de cuentas de dicha ejecución por parte de CONJUVE

-Que el estado adopte las recomendaciones elaboradas por la CEDAW para el aseguramiento de la protección de los derechos de las adolescentes, el fortalecimiento de la institucionalidad de educación, salud y justicia claves para la eliminación de los embarazos y las maternidades forzadas

-Que el Estado asuma su responsabilidad y genere políticas integrales y de largo plazo para enfrentar la problemática actual, prevenir embarazos forzados y brindar atención y protección integral a las que están enfrentando un embarazo forzado, garantizándoles una vida digna